La justicia es posible

La Corte Suprema, consigna La Nación del 22 de noviembre de 2012, condenó al fisco a pagar una indemnización de 250 millones de pesos ($250.000.000) a los padres y hermano de una mujer que murió, en 2007, en un accidente de tránsito provocado por un bache en la vía. La fallecida se llamaba Silvia Fodich y a su muerte tenía 26 años.

No voy a entrar en detalles, solo quiero resaltar que es posible ganar al Estado en demandas por responsabilidad civil y hacerle pagar por ello en dinero. A continuación voy a enumerar algunos casos en que a mi entender la responsabilidad del estado es clara y es muy posible ganarle demandas reparatorias:

1. Ante daños materiales, heridas y muertes causadas por accidentes vehiculares a consecuencia de persecuciones policiales a alta velocidad ya sea por calles o carreteras.
2. Ante daños y lesiones causados a vehículos y sus ocupantes por piedras u otros objetos contundentes lanzados sobre ellos desde pasarelas peatonales sin defensas o cuyas defensas estén en malas condiciones.
3. Por muertes, lesiones o daños causados por vehículos desenfrenados (el mal llamado “corte” de frenos) si se comprueba que el conductor involucrado abusó de los frenos por su ignorancia de la teoría del frenaje.
4. Por muertes de personas privadas de libertad, en la cárcel, debidas a riñas con armas “hechizas”, suicidios, por muertes como las del incendio ocurrido hace un tiempo en una prisión.
5. Etc., etc.

Digo lo que he dicho no porque goce adjudicándole responsabilidades al Estado sino porque creo que, a estas alturas, es la única forma que los que administran los recursos nacionales (o sea de todos nosotros) se hagan cargo de sus responsabilidades. Esto que estoy haciendo es como lo que hacen los enfermeros para lograr la curación de una herida infectada: limpiarla bien, aunque duela, antes de aplicarle un tratamiento curativo.

Ya tendremos más adelante el análisis de los muchos acontecimientos que a diario ocurren en nuestro país, en los que se pueda deducir responsabilidad, directa o indirecta del Estado.